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5. Emergencia social | 112 medidas para Reactivar Zaragoza

5. MEDIDAS PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL

La crisis económica que estalló en el año 2.008 y cuyos efectos se prolongan ya desde hace 8 años, ha dejado tras de sí una huella social que costará tiempo recuperar. La destrucción masiva de empleo provocada por las crisis ha provocado un incremento sustancial de las necesidades de muchas familias que han pasado de disfrutar de una situación económica razonable antes de la crisis a verse abocados a la pobreza y en algunos casos, directamente a la exclusión.

A los efectos propios de la crisis debe sumarse el efecto de las políticas de austeridad exigidas en el seno de la UE y otras que, como consecuencia de las políticas de empleo y de recortes de políticas sociales impulsadas por los gobiernos conservadores del país y de la comunidad autónoma han incrementando de forma insoportable la desigualdad, aumentando la brecha entre ricos y pobres y dañando seriamente a la clase media. Fruto de estas políticas que han contribuido a generalizar la precariedad laboral y los salarios bajos, nos encontramos con tipologías sociales nuevas como los trabajadores pobres, hombres y mujeres que, aun disponiendo de un empleo, no alcanzan a superar los umbrales de pobreza y necesidad.

En estas circunstancias, el Ayuntamiento de Zaragoza hubo de desplegar, especialmente durante el pasado mandato, un esfuerzo sin precedentes en las políticas de Acción Social, en un contexto además de dificultad financiera para las administraciones públicas y en concreto para la Administración local. A pesar de eso, el gasto social del Ayuntamiento de Zaragoza se situó durante el pasado mandato en el 18% del Presupuesto, al tiempo que se quintuplicaron las ayudas de urgencia. Igualmente se impulsaron medidas contra los desahucios, la pobreza energética o la vivienda social que deben seguir profundizándose mientras perdure la situación de emergencia social.

En estas circunstancias, es preciso continuar la senda iniciada durante la pasada legislatura, promoviendo al mismo tiempo todas aquellas medidas ya descritas destinadas a mejorar la situación económica y la creación de empleo de calidad que reduzca con ello las necesidades sociales que la falta de empleo y oportunidades ha provocado.

5.1. Vivienda como derecho

El acceso a una vivienda digna se ha convertido como consecuencia de la crisis en un derecho extremadamente complicado de alcanzar para muchas familias. En concreto, el drama de los desahucios ha puesto encima de la mesa una situación de auténtica emergencia social para cientos de familias que se han visto despojadas de su vivienda y con serias dificultades para acceder a las mismas. Por ello, es preciso ahondar en las políticas tendentes a incrementar el parque de viviendas sociales así como a impedir la completa ejecución de desahucios sin alternativa ocupacional digna.

  • Contribuir a garantizar la permanencia en la vivienda habitual de aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.
  • Incrementar el parque de viviendas sociales.
  • Seguir haciendo frente a las necesidades de alimentación, ropa y suministros básicos de las familias que lo necesiten

5.2. Inserción laboral

Resulta obvio afirmar que las situaciones de necesidad económica y de pobreza que se producen, tienen como causa la falta de un empleo en condiciones de estabilidad y remuneración suficiente. También es evidente que la duración de la crisis ha incrementado exponencialmente el paro de larga duración aumentando el número de trabajadores y trabajadoras con problemas de inserción laboral derivados precisamente de su condición de parados de larga duración, de la edad o de la falta de una formación adecuada.

Aunque el Ayuntamiento de Zaragoza no dispone de competencias específicas en materia de empleo y políticas activas, existen espacios donde se han venido realizado tareas importantes en materia de inserción laboral y formación.

  • Mantener, consolidar y potenciar la organización y el presupuesto de los programas de formación y empleo de los que es titular.
  • Conformar, de acuerdo con los agentes Sociales, Plan General de Inserción Laboral Local, que concentre todos los recursos formativos a disposición del Ayuntamiento y que permitan focalizar los esfuerzos en aquellos sectores con mayores dificultades de inserción laboral.
  • Incluir en los contratos municipales la contratación de un cupo de personas en riesgo de exclusión social

5.3. Compromiso con el tercer sector

El papel que realiza el tejido asociativo en el campo de la acción social constituye un valor insustituible para la ciudad y facilita la eficacia de las políticas sociales. Mantener y mejorar el compromiso con el Tercer Sector debe ser una prioridad clara e identificable. Sin embargo, la mejora de condiciones en las que los colectivos sociales realizan su tarea exige mejorar decididamente la transparencia, reduciendo al máximo el margen de arbitrariedad de la administración y dotando a los programas de colaboración y subvenciones de una cierta estabilidad en el tiempo.

Por ello, a través de una nueva Ordenanza de Subvenciones, planteamos que se generalice el procedimiento de libre concurrencia a la hora de acceder a subvenciones públicas, circunscribiendo la figura de los convenios a aquellos proyectos muy específicos que requieran de una capacitación específica y concreta. En paralelo, debe avanzarse en el establecimiento de programas de subvenciones plurianuales que provean a las organizaciones sociales de una cierta estabilidad en el medio plazo y que elimine la incertidumbre que generan los espacios de arbitrariedad por parte de la administración. Más transparencia debe entenderse también como más seguridad y estabilidad. Por ello, planteamos:

  • Clarificar y objetivar los criterios que justifican la elección de la figura del convenio nominal frente a la libre concurrencia restringiendo la primera a aquellos casos en los que, la especificidad e interés general de la actividad desarrollada lo aconseje y procediendo a una reducción significativa del número de convenios nominales.
  • Potenciar la figura de las subvenciones plurianuales que permitan desarrollar proyectos a medio plazo a las organizaciones sociales.
  • Delimitar aquellos servicios que actualmente se prestan a través de convenios con entidades sociales que por su naturaleza puedan ser considerados contratos públicos y proceder a su licitación en libre concurrencia a través de los procedimientos recogidos en la legislación de contratos del Sector Público.

Estas propuestas difieren en gran medida de las iniciativas que tratan de resolver la asignación del dinero público a través de un sistema de subvenciones y convenios que promuevan el clientelismo o que se realicen en base a criterios que no garanticen la equidad a todas las entidades que trabajan en Acción Social. Pero, sin embargo, sí deben ser capaces de organizar un sistema justo, claro y con límites precisos que eviten las dudas o las desconfianzas.

5.4. Accesibilidad y ayuda a la Discapacidad

Atender a las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad supone una obligación inexcusable para cualquier Administración. Potenciar la accesibilidad a los equipamientos públicos, favorecer una movilidad segura y accesible o eliminar cualquier tipo de barrera a la discapacidad, debe ser una prioridad absoluta que debe informar toda la actividad del Ayuntamiento. En este sentido planteamos:

  • La elaboración de un Plan Municipal que complete la política de supresión de Barreras Arquitectónicas en los edificios públicos municipales y en los privados de pública concurrencia. Estableciendo una dotación anual de una cuantía presupuestaria determinada para poder ejecutar el Plan de Supresión de Barreras.
  • Afrontar las obras de reforma para supresión de barreras arquitectónicas del Auditorio Municipal, según proyecto del propio Ayuntamiento.
  • Ejecutar paulatinamente la adaptación de los bordillos de los barrios de Zaragoza según el estudio hecho por Fundación DFA, en la línea de lo ya ejecutado.
  • Atender las necesidades de los colectivos de la discapacidad en todos los planes de movilidad, anteponiendo su seguridad y accesibilidad a cualquier otro objetivo.

5.5. Lucha contra la Violencia Machista

La violencia machista se ha convertido en la más lacerante lacra social, que se traduce cada año en un goteo incesante de asesinatos de mujeres que viven el fenómeno con absoluta indefensión y soledad. Violencia y muerte que repercute también de manera directa en los hijos, y que exige un pacto de Estado para organizar una estrategia capaz de frenar y erradicar este comportamiento aberrante. Desde el Ayuntamiento, no obstante, es necesario poner en marcha un trabajo permanente con los más jóvenes, ya que entre ellos la sinrazón de este fenómeno se ha extendido con mucha más fuerza.

  • Campañas de sensibilización en todos los colegios públicos y en los centros de Bachillerato que ayuden a identificar y prevenir comportamientos que supongan cualquier violencia machista.
  • Reforzar los medios de atención a las víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con el servicio de telealarma, y el apoyo a las necesidades básicas, incluida la formación, que permita a las víctimas buscar empleo y ser autosuficiente.
  • Reforzar la coordinación de la Policía Local con el Cuerpo Nacional de Policía en los casos de prevención y seguimiento.

 


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